Conferencia IACC día 3

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El jurado integrado por Santiago O’ Donnell, de Argentina; Fernando Rodrigues, de Brasil; Giannina Segnini, de Costa Rica; Lise Olsen, de los Estados Unidos; y Ewald Scharfenberg, de Venezuela; se reunió en la Ciudad de Panamá, durante dos días, para evaluar y escoger los mejores trabajos periodísticos presentados al XIV Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación 2015-2016, que organizan el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) y Transparencia Internacional.

De los 266 trabajos inscritos en prensa, radio, televisión y plataformas digitales, fueron preseleccionados 33. Y de estos, por su destacada calidad, el jurado decidió otorgarle menciones honrosas a diez y premiar a tres ganadores.

El primer lugar fue concedido a «Fueron los Federales», acerca de los crímenes de Apatzingán, de la periodista Laura Castellanos, de México.

La investigación desbarató la versión oficial sobre la muerte de 16 personas en un supuesto «fuego cruzado» en Apatzingán, Michoacán, en enero del 2015; y concluyó que, en realidad, agentes policiales, con respaldo militar, ejecutaron extrajudicialmente a ciudadanos desarmados.

El reportaje, difundido por el portal Aristegui Noticias y la revista Proceso, refleja el esfuerzo periodístico independiente, sistemático y, en ciertos momentos, solitario de la reportera para investigar crímenes de lesa humanidad, cometidos por cuerpos de seguridad del Estado, que permanecían encubiertos. Castellanos desplegó una búsqueda incansable de testimonios en una zona de alto riesgo, y luchó para asegurar que la historia fuera conocida por el público, a pesar de los intentos de censura para evitar que circulara.

La ganadora se hizo acreedora a un premio de $15,000.

El segundo lugar fue otorgado a «Terra Bruta», de André Borges, Leonencio Nossa, Dida Sampaio, Helvio Romero, Luciana Garbin, Fábio Salles y Everton de Oliveira, de O Estado de S. Paulo, Brasil.

Tras siete meses de investigación, el reportaje reveló la existencia de una cadena delictiva dedicada al tráfico de madera y de tierras en el norte y centro-oeste de Brasil. El recorrido del equipo periodístico por varios estados permitió elaborar una radiografía que expuso cómo este tráfico sirvió como fuente de financiación de campañas de autoridades electas, y generó una violencia por el control de la tierra que costó la vida a centenares de personas.

Este premio concede $10,000 a los ganadores.

El tercer lugar fue concedido a Memoria Robada, una investigación transnacional concebida y coordinada por David Hidalgo. El equipo de Ojo Público de Perú integrado por Fabiola Torres y José Luis Huacles. Tambien participaron Hassel Fallas y Lorenzo Pirovano, de La Nación, de Costa Rica; Julie López, de Plaza Pública, de Guatemala; Catalina Oquendo, de Chequeado, de Argentina; y Tania Montalvo y Arturo Daen, de Animal Político, de México.

Esta alianza entre periodistas de la región logró exponer, luego de un año de investigaciones, la participación de redes de crimen organizado en el tráfico de patrimonio cultural en América Latina.

Este premio recibe $5,000.

El jurado también ha decidido otorgarle menciones a:

Argentina

Cristobal López, el empresario que construyó un imperio (con los impuestos que no pagó). Hugo Alconada, de La Nación.

El convento del sufrimiento. Daniel Enz, de Revista Análisis de Paraná, Entre Ríos.

Brasil

La empresa Odebrecht pag’o obras en una propiedad usada por Lula. Flavio Machado, de Folha de S.Paulo.

Chile

Alba tiene ocho offshores en Panamá y así reduce impuestos en El Salvador. Efren Lemus, del periódico digital El Faro.

Estados Unidos

Denuncian relación de Ortega con una menor. Judith Flores, del Diario Las Américas de Miami.

Nicaragua

Corrupción y muerte en territorio miskito. Wilfredo Miranda de la revista Confidencial.

México

El cartel que financió a Enrique Peña Nieto . Raúl Olmos y Valeria Nohemí Durán.

Perú

Ejecuciones extrajudiciales. Carlos Castro, Segundo Serrato Sánchez, Ana Veliz Vásquez, Agustín Chávez Hernández, Verónika Reyes Tolentino, Anuska Buenal y René Gastelumendi, del programa Cuarto Poder, de América Televisión.

El jurado quiere especialmente destacar una serie de trabajos de alta calidad sobre violaciones a los derechos humanos, en particular sobre Matanzas y ejecuciones extrajudiciales que habrían quedado impunes de no ser por la labor de periodistas particularmente en México, Perú y Brasil y El Salvador. Se trata, sin dudas, de una novedad preocupante para una región que viene de una experiencia traumática de terrorismo de estado en los 70 y 80, pero que realza la importancia del periodismo valiente e independiente.

El jurado también resalta la modalidad del trabajo en red, colaborativo y transnacional, derivado del periodismo de datos, o big data, como ocurrió en las megafiltraciones de los Panama Papers, Swissleaks y Wikileaks y que en este concurso se vio reflejada en trabajos que muestran colaboraciones entre periodistas e instituciones de Perú, Ecuador, México, Venezuela, Nicaragua y Estados Unidos.

Con respecto a los trabajos sobre corrupción, se destacaron en esta edición las investigaciones que vinculan de manera directa y palpable los desfalcos a las arcas del estado con el bienestar y la salud de las poblaciones más desprotegidas, desde las víctimas de accidentes de tránsito en Colombia hasta pacientes oncológicos en Venezuela.

Transparency International tiene el gran honor de anunciar hoy que el Equipo de Trabajo del Caso Lava Jato (Força-Tarefa Lava Jato), en Brasil, ha sido seleccionado como ganador del Premio contra la Corrupción 2016.

La Operación Lava Jato empezó como una investigación local sobre lavado de dinero y terminó convirtiéndose en la mayor investigación hasta la fecha que ha expuesto casos de captura del Estado y corrupción en Brasil.

Los fiscales del estado que integran el Equipo de Trabajo de Lava Jato han estado al frente de las investigaciones en Brasil desde abril de 2014. Han tenido que lidiar con uno de los mayores escándalos de corrupción en el mundo, el caso Petrobras, y han investigado, procesado y obtenido severas condenas contra algunos de los miembros más poderosos de la clase dirigente política y económica de Brasil. Hasta hoy, hubo más de 240 imputaciones penales y 118 condenas, por un total de 1.256 años de prisión, incluso contra políticos y empresarios de las más altas esferas, que antes se consideraban intocables.

A través de su campaña “10 Medidas contra la Corrupción”, impulsaron reformas legislativas para aumentar la capacidad de la administración pública de prevenir y detectar hechos de corrupción, y la capacidad de las autoridades de aplicación de la ley de investigar, juzgar y sancionar estos hechos.

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