ANTAI sanciona a 16 Servidores Públicos en recientes expedientes administrativos
Panamá, 19 de agosto de 2025. La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), en cumplimiento de su rol como ente rector en materia de ética, ha sancionado en recientes expedientes administrativos a dieciséis (16) servidores públicos de distintas instituciones del Estado, tras comprobarse graves incumplimientos al Código de Ética de los Servidores Públicos. Estas sanciones se dan como resultado de investigaciones minuciosas y reflejan el firme compromiso de esta Autoridad con la integridad, la transparencia y el fortalecimiento de la confianza ciudadana en la gestión pública.
A finales del año 2024, la ANTAI recibió denuncia formal contra tres funcionarios del Municipio de Taboga, a quienes se les señalaba de ser familiares directos del Alcalde y mantenerse en la Planilla de dicha entidad. Inmediatamente se iniciaron las diligencias correspondientes, pudiéndose comprobar que el Alcalde había contratado en calidad de servidores públicos a su nuera y al hermano de esta, lo que constituye una clara situación de conflicto de intereses y una violación directa a los principios éticos que rigen el ejercicio de la función pública. Como resultado, se recomendó la destitución inmediata de ambos funcionarios involucrados y se impuso una sanción económica al Alcalde, por la falta cometida y su responsabilidad como jefe de la entidad.
Por otro lado, esta Autoridad recibió una denuncia en contra del Alcalde del distrito de Penonomé, en la que se señalaba que había incluido a su hermana en la planilla del Municipio. Se llevó a cabo la investigación correspondiente, y se comprobó que, efectivamente, la familiar formó parte de la estructura administrativa de la Alcaldía durante un periodo determinado, aunque posteriormente fue dada de baja del sistema. No obstante, se sancionó al señor Alcalde por haber incurrido en una vulneración del Código de Ética de los Servidores Públicos.
En otro caso, se presentó una denuncia contra el Representante del corregimiento de la Junta Comunal de Omar Torrijos, ubicada en el distrito de San Miguelito, señalando que presuntamente tenía a su prima trabajando dentro de la misma Junta Comunal. Se iniciaron las investigaciones pertinentes que confirmaron que efectivamente existía una relación de parentesco. Debido a esta falta, tanto el Representante como la funcionaria fueron sancionados por mantener una situación irregular que vulnera los principios éticos aplicables al sector público.
Asimismo, se recibió una denuncia contra siete (7) servidores públicos de la Junta Comunal de Santa Ana, en la cual se señalaba que la Representante mantenía vínculos familiares con algunos de los miembros de dicha Junta Comunal. Al momento de presentar sus descargos, los funcionarios reconocieron tener algún grado de parentesco con la Representante, aunque afirmaron que no se trataba de una relación cercana. No obstante, al confirmarse la existencia de vínculos familiares, esta Autoridad recomendó la destitución de seis (6) servidores públicos y la imposición de una sanción económica a la Representante de corregimiento, por Conflicto de Intereses.
Por otro lado, esta Autoridad recibió una denuncia en contra del Representante de Corregimiento de Corral Falso, en la que se señalaba que había incluido a su sobrina en la planilla de la Junta Comunal. Al llevarse a cabo la investigación correspondiente, se pudo comprobar que la mencionada, efectivamente formó parte de la estructura administrativa de la Junta Comunal durante un período determinado, aunque posteriormente fue desvinculada del sistema. No obstante, se procedió a sancionar al Representante de Corregimiento, al haberse verificado una vulneración al Código de Ética de los Servidores Públicos.
Por otro lado, se recibió una denuncia contra una servidora pública del Ministerio de Educación, asignada a la Comarca Ngäbe Buglé, en la que se señalaba que la funcionaria había salido del país en dos ocasiones mientras se encontraba con incapacidad médica. Esta Autoridad verificó que, efectivamente, durante los días en que estaba incapacitada, la servidora pública, realizó viajes internacionales, lo que constituye una violación al Código de Ética de los Servidores Públicos. Debido a que se trata de una conducta reiterativa, se recomendó su destitución.
Por último, se atendió una denuncia en contra de una funcionaria de la Caja del Seguro Social, ubicada en la provincia de Bocas del Toro, en la que se informaba que la misma había salido del país durante el mes de noviembre de 2023, mientras se encontraba con una incapacidad médica vigente. Esta Autoridad logró confirmar que, durante los días en que debía permanecer en reposo médico, la funcionaria efectivamente realizó un viaje internacional, lo cual constituye una falta grave a sus deberes como servidora pública, razón por la cual fue sancionada conforme a lo estipulado en la normativa vigente.
Estos casos reafirman el papel fundamental de la ANTAI en la vigilancia ética del ejercicio público y en la promoción de una cultura institucional basada en la transparencia y la legalidad.
Estas sanciones son acciones tangibles de que la impunidad no tiene cabida en el servicio público. La ANTAI continuará actuando con determinación, toda vez que el respeto, la transparencia y la ética no admite excusas. Que las sanciones aplicadas sirvan como un recordatorio ineludible para todos los servidores públicos, ya que quien decide servir al Estado, se compromete a actuar con honestidad, rendir cuentas y anteponer siempre el interés colectivo sobre el personal.
