Velar por el cumplimiento de los derechos consagrados en la Constitución Política de la República de Panamá en el tema de Derecho Constitucional de petición y acceso a la información, así como por los derechos previstos en los convenios, acuerdos, tratados, programas internacionales y nacionales en materia de prevención contra la corrupción y por la inserción e implementación de las nuevas políticas de prevención en la gestión pública a nivel gubernamental por iniciativa propia o por propuestas nacionales o internacionales.
- Coordinar y supervisar la aplicación, cumplimiento e implementación de las disposiciones, acuerdos y compromisos adoptados en las convenciones, tratados, convenios, programas y cualquier otro de orden nacional e internacional en los temas que le competen.
- Ser organismo rector en materia de derecho de petición y acceso a la información pública, protección de datos personales, transparencia, ética y prevención contra la corrupción a nivel gubernamental.
- Promover una gestión pública transparente, eficiente y eficaz en las instituciones.
- Coordinar la participación ciudadana de manera responsable en la gestión gubernamental.
- Contribuir a que la Administración Pública se ejecute en un marco de legalidad e integridad en el que los derechos de los ciudadanos estén protegidos.
- Fiscalizar y ser la autoridad rectora del cumplimiento de la Ley de Transparencia, así como de todos los convenios, convenciones, acuerdos, compromisos, disposiciones, tratados, programas y cualquier otro de orden nacional e internaciones en los temas de prevención contra la corrupción que le competen.
- Promulgar e implementar las políticas de prevención contra la corrupción.
- Evaluar, aprobar o rechazar las nuevas propuestas relacionadas con los temas de prevención contra la corrupción que le competen.
- Recomendar y exigir el cumplimiento de disposiciones legales u obligaciones vigentes a todas las instituciones, con los cuales deberá mantener armónica colaboración, para el cumplimiento de sus fines en el ámbito de su competencia.
- Velar por el respeto al orden constitucional y legal como base para una convivencia armónica.
- Abordar de manera integral el problema de la corrupción.
- Reconocer la transparencia como instrumento para facilitar a la ciudadanía el acceso a la información pública, que debe ser de calidad, confiable y de relevancia suficiente para satisfacer sus intereses generales.
- Destacar que los ciudadanos son los beneficiarios legítimos de la Administración.
- Reconocer la rendición de cuentas horizontal como fuente de dispersión del poder.
- Reconocer que la ineficiencia y la corrupción de la Administración afectan principalmente a los grupos más vulnerables de la sociedad.
- Reconocer que la cercanía y buena comunicación entre la Administración y los ciudadanos o usuarios favorecen una gestión gubernamental realista y pertinente.
- Reconocer que el logro del bien común contribuye a la consolidación de una cultura ética nacional.
- Vigilar que las estrategias de desarrollo nacional brinden beneficios generales a la Nación de forma comprensiva e incluyente.
- Apoyar a la Red Interinstitucional de Ética Pública que coordina la Procuraduría de la Administración.
