ANTAI sanciona a 20 servidores públicos en recientes expedientes administrativos
En cumplimiento de su mandato legal de promover la transparencia, la integridad y la ética en la función pública, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) comunica a la ciudadanía las decisiones adoptadas como resultado de diversas investigaciones administrativas, las cuales dieron lugar a la imposición de sanciones y recomendaciones de destitución contra servidores públicos que incurrieron en conductas contrarias a la normativa vigente.
Las medidas disciplinarias fueron ejecutadas tras culminar rigurosas investigaciones que comprobaron la comisión de faltas administrativas y vulneraciones al Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos.
Entre las decisiones más relevantes se encuentran las siguientes:
- Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI): Se sancionó a diez (10) servidores públicos por incurrir en nepotismo, al mantenerse laborando dentro de la misma unidad administrativa junto a familiares, en contravención de las disposiciones establecidas en el Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos.
- Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI): Asimismo, se sancionó a una servidora pública con el descuento del 30 % de su salario mensual por incurrir en el uso inadecuado del tiempo de trabajo. Durante un período de cuatro (4) meses, la funcionaria acumuló treinta y tres (33) tardanzas, incumpliendo los deberes inherentes al ejercicio de la función pública.
- Caja de Seguro Social (CSS): La ANTAI recomendó la destitución de dos (2) servidoras públicas por incurrir en faltas graves al Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos. La investigación determinó que ambas funcionarias no realizaban el registro de asistencia (marcación) y que no existía resolución formal emitida por la autoridad competente que las eximiera de dicha obligación. Además, no se mantenía un mecanismo de control que permitiera verificar el cumplimiento efectivo de su jornada laboral.
- Alcaldía del distrito de Arraiján: Se sancionó a la Alcaldesa con una multa equivalente al 50 % de su salario mensual, al comprobarse que contrató a dos primos hermanos para laborar en dicha institución, configurándose un caso de conflicto de intereses. Si bien ambos presentaron su renuncia en enero del presente año, la contratación vulneró las disposiciones éticas aplicables a los servidores públicos.
Adicionalmente, la ANTAI recomendó la destitución de una funcionaria que mantenía un vínculo de afinidad con la Alcaldesa, al ser madre de los hijos de uno de los primos hermanos contratados por esta, situación que igualmente configura un conflicto de intereses.
- Dirección General de Ingresos (DGI) – provincia de Coclé: Se sancionó a dos (2) servidores públicos por incurrir en conflicto de intereses. Entre los hechos acreditados, uno de los funcionarios representaba de manera particular a otra servidora pública en procesos litigiosos durante su jornada laboral, comprometiendo la imparcialidad y el adecuado desempeño de sus funciones.
- Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH): Se sancionó a un servidor público por no reunir los requisitos establecidos para el cargo que ocupaba.
- Ministerio de Educación (MEDUCA) – provincia de Chiriquí: Se sancionó a un servidor público por incumplir su jornada laboral, en contravención de los deberes propios de la función pública.
- Gobernación de la provincia de Panamá: Se sancionó a una servidora pública al comprobarse que no cumplía con los requisitos exigidos para el cargo para el cual fue nombrada.
La ANTAI reitera que continuará ejerciendo sus funciones dentro de sus competencias, con objetividad, independencia y estricto apego a la ley, velando por el cumplimiento de los principios de legalidad, transparencia, probidad e integridad en la administración pública.
Estas actuaciones reflejan el compromiso institucional de fortalecer una cultura de ética y responsabilidad en el servicio público, garantizando que toda conducta contraria a la normativa vigente sea investigada y sancionada conforme al debido proceso y al marco jurídico aplicable.
Esta publicación se realiza en estricto cumplimiento de lo establecido en el artículo 29 de la Ley No. 33 de 25 de abril de 2013.
Panamá, 27 de julio de 2026
